Donald Trump está tomando medidas que afectan enormemente al medio ambiente y a la investigación científica

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, vetó la participación de científicos estadounidenses en la sesión del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que se realizará en China. Además de impedir que los investigadores viajen, la Casa Blanca también solicitó una congelación de la cooperación entre sus organismos científicos y el IPCC, comprometiendo la planificación del próximo ciclo de informes, que comenzará en 2029.

Aunque parezca una exageración esto ya está sucediendo. El investigador David Die, que ha dedicado su vida a estudiar especies como tiburones y atunes, acaba de incorporarse a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), uno de los principales centros de investigación climática del mundo, como jefe departamental en octubre de 2024.

Era la cima de la carrera de este científico de 65 años. Sin embargo, en febrero (tras sólo 4 meses en el puesto) David recibió la notificación de su despido en un correo electrónico genérico e injustificado, que dio a Die una hora y media para recoger todo de su mesa. Más de 800 empleados de la NOAA fueron despedidos el mismo día que Die, y otros 500 se marcharon tras aceptar una oferta de despido.

Además, la NASA rescindió contratos con científicos estadounidenses que formaban parte de una unidad de apoyo técnico del IPCC. Esa decisión dejó al grupo sin líder y generó incertidumbre sobre la futura colaboración de Estados Unidos con el panel climático de la ONU. Ni la NASA ni la Casa Blanca proporcionaron un motivo para la decisión.

El desmantelamiento de las políticas ambientales de Estados Unidos

Todo esto es parte de una serie de medidas implementadas por Trump para desmantelar la agenda ambiental de Estados Unidos. El primer día de su mandato, firmó órdenes ejecutivas que revierten las políticas ambientales establecidas por su predecesor, Joe Biden, y refuerzan los incentivos para la exploración de combustibles fósiles.

Entre sus acciones más drásticas, Trump ordenó a EE.UU. retirarse del Acuerdo de París, revocó la financiación climática internacional del país , suspendió los programas de energía renovable e incluso congeló la producción de infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

Trump también declaró una emergencia energética nacional, priorizando los combustibles fósiles, la energía hidroeléctrica, los biocombustibles y la energía nuclear sobre las fuentes renovables. Esa orden ejecutiva dio al presidente amplios poderes para ordenar a las agencias federales que ignoren los impactos ambientales al analizar proyectos energéticos, como oleoductos y perforaciones en busca de nuevo petróleo y gas.

Además del impacto global, las restricciones de la administración Trump a la investigación científica han causado daño directo a las instituciones académicas y federales en Estados Unidos. La retirada del apoyo a los estudios que involucraran la palabra “clima” resultó en la congelación de subvenciones y ayudas sin justificación, afectando a la investigación en hospitales, universidades y organismos gubernamentales.

La administración también ha suspendido la financiación de programas federales destinados a reducir los riesgos de incendios forestales en los estados del oeste de Estados Unidos, así como congelado la contratación de bomberos estacionales, una decisión que ignora por completo los impactos de desastres naturales como los incendios que azotaron Los Ángeles a principios de 2025.

Finalmente, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) inició esta semana los procedimientos para derogar al menos 31 leyes ambientales. Estas decisiones llegan en un momento crítico para el planeta, ya que las temperaturas medias globales han superado por primera vez el umbral crítico de calentamiento de 1,5 ºC , y sus impactos podrían ser irreversibles. ¿Es justo que la soberanía de un solo país le cueste tanto al planeta?