Sólo con obras no es suficiente: el riesgo de inundaciones también se mitiga con planes, políticas y alerta temprana

El aumento de las pérdidas materiales a consecuencia de las inundaciones, pese a las medidas estructurales implementadas es un permanente recordatorio de su limitada utilidad. De hecho, las defensas cerca del cauce son ineficaces para evitar las grandes inundaciones, y con frecuencia demoran el drenaje del área que se pretende proteger. Los dragados o "limpiezas" de ríos y arroyos, apenas influyen en la altura alcanzada durante las crecidas, y contradice la experiencia y la evidencia científica. Y la canalización suele ser una forma de transferir los riesgos de una zona a la que se quiere proteger, a otra. Y además de ser poco efectivas, las medidas estructurales son muy costosas y suelen ocasionar serios impactos ambientales.

Pero es la mala gestión territorial, la principal causa del incremento en las pérdidas como consecuencia de las inundaciones urbanas, especialmente porque aumenta el área ocupada por superficies impermeables, con lo que disminuye la infiltración natural y aumenta la escorrentía; porque las ciudades presentan cada vez más una mayor densidad edilicia y de personas por lo que, ante eventos similares, los daños para personas y bienes son cada vez mayores. A estos motivos debemos sumar el incremento de la ocupación de zonas inundables por parte de población de bajos recursos, ya sea por el poco valor de esas tierras o porque son intrusadas al ser de dominio público, o debido a que el aumento de la infraestructura rompe el sistema de drenaje natural, forzando al agua a alterar su curso para afectar espacios que hasta entonces estaban libres de inundaciones.

Las obras hidráulicas por si solas no reducen el riesgo de inundaciones. En muchos casos de inundaciones urbanas, las redes de desagües pluviales resultan insuficientes por el efecto de urbanización, a lo que se debe sumar el aumento de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones. Además, el escurrimiento superficial en la calzada (contenido por el cordón cuneta), se ve alterado por el deterioro y las modificaciones de las calles, aumentando el potencial de daño. Por ello, deben ser complementadas por medidas no estructurales, que favorecen el proceso de creación de capacidades de resiliencia de la comunidad. Ambas medidas son fundamentales para reducir el impacto humano y económico de los desastres.

¿Un desastre es un castigo divino o culpa nuestra?

Atribuir un desastre a la mala suerte o la ira de algún dios, ha servido durante milenios a quitarnos las culpas por nuestros propios errores. De hecho, la raíz etimológica de “desastre” proviene de la unión de dos palabras del latín: “dis” (separado) y “astro” (estrella), significando que un desastre era un evento provocado porque los astros no estaban de nuestro lado.

Sin embargo, exculparnos de responsabilidad en un desastre y atribuírselo al azar, es poner en evidencia que no podemos controlar lo incontrolable (la naturaleza, los peligros), pero que tampoco actuamos sobre aquello que sí podemos manejar: el riesgo.

En la actualidad, el 55 % de la población global vive en ciudades, y para el 2050 esa cifra trepará al 68 %. El planeta tiende a ser urbano en el futuro, aunque ya en el presente, el 80 % de la población en Latinoamérica vive en núcleos urbanos... ¡y el 93 % en Argentina!

Las ciudades concentran e incrementan los riesgos. No en vano Latinoamérica y el Caribe; después de Asia (con el 53 % de la población urbana) y África (45 %), es una de las regiones más expuesta a los desastres.

Medidas no estructurales

Las medidas no estructurales son acciones o estrategias que se implementan para mitigar los riesgos y reducir el impacto de estos eventos sin necesidad de construir infraestructura física. Estas acciones complementan las medidas estructurales (obras hidráulicas, refugios, etc.) y están basadas en políticas, educación, planificación y otras estrategias que no involucran obras de infraestructura, sino que se centran en reducir los riesgos mediante la gestión, concientización y preparación.

• Educación y sensibilización: promueven el conocimiento sobre los riesgos y las acciones preventivas, como enseñar a la población cómo reaccionar ante terremotos, inundaciones o incendios. De esa manera, las personas pueden tomar decisiones informadas, saber “qué hacer”.

• Planificación y regulaciones: estas acciones incluyen políticas de ordenamiento territorial, como evitar que las personas construyan en zonas de alto riesgo, o la limitación de concentración de viviendas o personas por m2, mantener una adecuada proporción de espacios verdes, políticas de construcción seguras; o promover el uso de Soluciones basadas en la Naturaleza, como terrazas verdes, huertos urbanos, jardines de lluvia, etc.

• Reducción de vulnerabilidades: al identificar áreas de alto riesgo y promover medidas para minimizar peligros, como reubicar comunidades expuestas o conservar ecosistemas que actúan como barreras naturales.

• Sistemas de alerta temprana y preparación comunitaria: los sistemas de alerta temprana permiten que las comunidades se preparen, se elaboren planes de evacuación, se comunique el riesgo y, ante la severidad de un evento, puedan resguardarse o evacuar a tiempo. Un adecuado sistema de protección civil es fundamental, al igual que la formación de brigadas de emergencia y la realización de protocolos para responder a situaciones de crisis. Todo esto permitirá realizar evaluaciones de escenarios de riesgo y promover simulacros, para establecer un ciclo de mejora continua.

Si bien las medidas estructurales (como defensas o sistemas de drenaje) suelen ser las primeras defensas físicas contra el agua, las no estructurales actúan permanentemente, buscando reducir el impacto y proteger a las comunidades al enfocarse en la preparación, mitigación y adaptación cuando aún no se ha materializado la amenaza (por ejemplo, lluvias torrenciales).

Las medidas no estructurales son más flexibles, ya que se pueden adaptar a diferentes escenarios climáticos, suelen ser más rápidas de implementar y más económicas que las estructurales, además de promover un enfoque más sostenible.

La combinación de ambas estrategias es clave para una gestión integral y efectiva del riesgo de inundaciones.